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EL MUNDO, DOMINGO 23 DE ENERO DE 2005
Pagina 48 / NUEVA ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS
Como si fueran las armas de destrucción masiva de Irak, la Administración
Bush ya está vendiendo el colapso del sistema de pensiones de Estados
Unidos. Como con el supuesto arsenal
de Sadam Hussein, Washington anuncia la necesidad de luchar contra una
crisis que no existe. El sistema público de pensiones de EE.UU. ingresará
más de lo que gana hasta 2018. En ese momento, empezará consumir el
fondo de reserva creado en 1983 a instancias de una comisión presidida por
Alan Greenspan, que tres años después se convertiría en el presidente de la
Reserva Federal.
El
fondo de reserva durará hasta 2042, si se tienen en cuenta las previsiones
de la propia Seguridad Social estadounidense, que suelen ser muy pesimistas,
dado que exageran el aumento de la esperanza de vida media y reducen la
incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral (y esto es
importante en un país que recibe cada año un millón de inmigrantes, a muchos
de los cuales, además, Bush quiere legalizar, para así liquidar
definitivamente el poder de los sindicatos).
De hecho, la Oficina Presupuestaria
del Congreso amplía la duración del actual sistema a, como mínimo, 2052.
Sin embargo, Bush está utilizando una retórica
alarmista para crear la imagen de una crisis y, así, justificar el proyecto
estrella de su segundo mandato: la privatización parcial del sistema de
pensiones. «Esta es una de mis tareas, explicar al Congreso tan
claramente como pueda: la crisis es ahora»,
dijo hace un mes Bush con su
peculiar retórica ininteligible incluso para los angloparlantes. El
13 de enero, el vicepresidente Dick Cheney predijo el «colapso final del
sistema» en una conferencia en la Universidad Católica de Washington. Bush y
Cheney cuentan para ello con poderosos aliados, como la Alianza para la
Seguridad de las Jubilaciones de los trabajadores que, según la revista The
New Yorker «es una falsa organización popular, y no es más que una
fachada de la Asociación Nacional de Industrias Manufactureras».
Sociedad de propietarios
La credibilidad de las alarmas viene
cuestionada, además, por la filtración a la prensa, hace dos semanas, de un
documento interno de la Casa Blanca escrito por Peter Wehner, un asesor del
máximo estratega electoral de Bush, Karl Rove, cuyo poder es tan grande que,
de hecho, funciona como una especie de secretario general del Partido
Republicano. El documento decía que hay que convencer al público «de que el
actual sistema avanza hacia un iceberg».
Privatizar las pensiones es un viejo proyecto
de Bush, que el jueves, tras aceptar el cargo, volvió a hablar de sus planes
para «construir una sociedad de propietarios». Ya en la campaña electoral de
2000 hablaba de «una sociedad de inversores». El cambio de sustantivo se
debe a los palos que, desde entonces, se ha llevado el inversor
estadounidense -el Dow Jones está hoy un 7% más bajo que hace cinco años—.
Eliminar la Seguridad Social es uno de los grandes objetivos de los
conservadores de EE.UU. desde que Franklin D. Roosevelt creó el sistema en
1935, durante la Gran Depresión. En aquel momento, las retenciones
para financiar el sistema eran del 6% , y la revista Newsweek, por
ejemplo, dijo que, ante la subida salarial que eso implicaba, las empresas
«deberán recortar los salarios, o subir los precios, o ambas cosas. El
resultado: subida del coste de la vida, descenso de la confianza del
público. Consecuencia: retraso en la recuperación». El senador Daniel
Hasting señaló que las pensiones públicas suponían «el final del progreso
de un gran país», y el presidente de General Motors, Alfred P. Sloan,
declaró que había «todas las razones para estar alarmados».
Hoy, las retenciones alcanzan el 12,4% y,
aunque el sistema tiene su supervivencia garantizada, Bush no quiere irse de
la Casa Blanca sin liquidarlo.
Porque la privatización parcial esconde el final del sistema. A medida que
las contribuciones empiecen a disminuir, el sistema entrará en una verdadera
crisis. En su programa electoral para la reelección, además, Bush ya
anunciaba que tan sólo garantiza el cobro de las pensiones de los actuales
jubilados y quienes estén próximos al retiro. El presidente también quiere
que a partir de 2008 —justo cuando él deje la Casa Blanca— las pensiones se
actualicen según el IPC y no los salarios. Eso, en la práctica, supondrá que
a lo largo de 40 años la pensión media dejará de equivaler al 42% del
salario para pasar a ser de tan sólo el 22%.
La oposición social
Pero esta batalla puede ser tan difícil como la
toma de Irak. En primer lugar, porque privatizar las pensiones es cualquier
cosa menos popular. Un 54% de los americanos se opone, según un sondeo de
Los Ángeles Times. Y eso hace que incluso muchos congresistas republicanos
vean el proyecto con desconfianza. Los demócratas, por su parte, desearían
hacer fracasar todo el plan, pero el partido está en un estado de debilidad
tal, tras su debacle en las elecciones de noviembre, que parece imposible
que vaya a lograrlo. No obstante, la oposición tiene buenos argumentos para
el debate: la privatización
provocará un aumento del endeudamiento público de dos billones de dólares
sólo en la primera década, no tendrá ningún impacto favorable en las
perspectivas a largo plazo de las cuentas del Estado y, sobre todo, incluirá
un elemento de riesgo en las pensiones, un sistema que hasta la fecha no
estaba sometido a los vaivenes de los mercados.
Por ello, la Casa Blanca juega con cierta
ambigüedad. Aún no ha dicho qué porcentaje de las retenciones podrá
dedicarse a planes de pensiones privados. Barajan cifras de alrededor del
2,5, pero existe un sector más beligerante —capitaneado por el
vicepresidente Cheney- que quiere elevarlo hasta el 4% o incluso el 6%. No
cabe duda de que van a luchar hasta conseguirlo. |