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En Irak la protesta laboral es un crimen
La guerra facilita la privatización
David Bacon
CounterPunch
Traducido para
Rebelión por
Germán Leyens
25 de agosto del 2003
No importa que el código legal iraquí esté en un
estado caótico. Que las calles de Bagdad estén repletas de ladrones y
secuestradores que no parecen temer que los arresten. Pero evidentemente
las autoridades de ocupación de EE.UU.,
por lo menos son capaces de identificar un crimen. La protesta de los cuatro
millones de desocupados en Irak es una violación de la ley.
El 29 de julio, las fuerzas de ocupación en Irak detuvieron a un líder del nuevo
movimiento sindical que emerge en Irak, Kacem Madi, junto con otros 20 miembros
de la Unión de Desocupados. Los
sindicalistas habían estado realizando una sentada para protestar contra el
trato dado a los trabajadores desocupados de Irak por la autoridad de ocupación
de EE.UU., y porque los contratos para los trabajos de reconstrucción del país
han sido otorgados en su inmensa mayoría a corporaciones de EE.UU.
Su protesta comenzó cuando cientos de trabajadores desempleados se reunieron
frente al antiguo edificio de un banco en Abu Nawas Street. De ahí partieron
hacia la oficina del consejo de ocupación gobernante. Según Zehira Houfani,
miembro del Proyecto de Solidaridad con Irak en Canadá, que presenció la
protesta, cuando los trabajadores habían realizado anteriormente manifestaciones
similares siempre se habían dispersado en ese punto. Cada vez, sin embargo,
declaró Madi a Houfani, "los representantes de las fuerzas ocupantes se
reunieron y discutieron con nosotros, prometieron resolver el problema, pero una
y otra vez no cumplieron con sus promesas y tuvimos que volver a salir a la
calle".
En esta ocasión los trabajadores decidieron aumentar la presión sobre las
autoridades de EE.UU. Cumpliendo con una antigua tradición de los trabajadores
de México a las Filipinas, establecieron un plantón, o sea una carpa, delante de
las puertas del consejo. Los soldados de EE.UU. de guardia les ordenaron que se
dispersaran, pero los trabajadores se negaron. Cayó la noche. Luego, a la una de
la mañana, los soldados volvieron, arrestaron a 21 manifestantes y los llevaron
al interior del complejo donde los retuvieron hasta la mañana siguiente.
Un sindicalista
arrestado, Ali Djaafri, de 58 años, declaró a Houfani que la experiencia fue
"muy humillante. En ningún momento durante la ocupación", dijo, "ha sido más
fuerte mi resentimiento contra los soldados de EE.UU." En ciudades como Bagdad
la tasa de desempleo es de más de un 50%. Madi calcula que hay cuatro millones
de trabajadores iraquíes sin trabajo. Miles de trabajadores del sector público,
empleados por el antiguo gobierno, perdieron sus puestos después de la guerra.
Muchos trabajaban en sectores que iban de la salud a la educación, y esos
servicios aún no han sido reestablecidos. No hay dinero para pagarles, ni un
gobierno iraquí que los emplee. Incluso los archivos sobre sus empleos fueron
quemados en los saqueos posteriores a la ocupación de Bagdad.
Otros miles trabajan en las empresas estatales del antiguo gobierno. Muchas han
sido cerradas, y las autoridades de
ocupación han anunciado su intención de privatizar amplios sectores de la
antigua economía.
Todo esto se suma a los miles de familias de trabajadores que enfrentan una
extrema crisis económica. Como resultado,
el nuevo sindicato de trabajadores
desempleados se ha convertido en la mayor organización laboral, de crecimiento
más rápido, en el país.
Al mismo tiempo, el tema de los contratos extranjeros se ha convertido en una
ardiente controversia entre los trabajadores iraquíes porque las corporaciones
de EE.UU. llevan trabajadores al país para trabajar bajo esos contratos.
Recientemente, por ejemplo, se descubrió que
una firma kuwaití que trabaja como
subcontratista para el gigante de la construcción Kellogg, Brown and Root,
estaba importando trabajadores asiáticos al puerto de Basora para realizar
trabajos de reparación y reconstrucción. Mientras tanto, trabajadores iraquíes
con muchos años de experiencia permanecen sin ningún trabajo.
Kacem Madi y otros dirigentes de los sin trabajo dirigieron la sentada de
protesta por esta discriminación y anunciaron que continuarían sus
manifestaciones hasta que reciban trabajo o algún tipo de pago por desempleo.
Pero las autoridades de ocupación, en lugar de tratar de encarar el problema,
los arrestaron. Organizaciones sindicales internacionales, incluyendo la
Confederación Internacional de Sindicatos Libres (de la que es miembro la
AFL-CIO) han criticado severamente la desesperada situación de los trabajadores
iraquíes. "El respeto de los derechos de los trabajadores, incluyendo la
libertad de asociación debe ser un tema central en la construcción de un Irak
democrático y para asegurar un desarrollo económico y social sostenible", dijo
la CISL en una declaración del 30 de mayo. "La democracia tiene que tener
raíces. Requiere elecciones libres, y también sindicatos democráticos basados en
la masa, que ayuden a asegurarla y protegerla, y que sean al mismo tiempo
escuelas de democracia".
Los sindicalistas árabes son aún más críticos del efecto de la ocupación sobre
los trabajadores. Según Hacene Djemam, Secretario General de la Confederación
Internacional de Sindicatos Árabes, En Irak, la protexta laboral es un crimen
"la guerra
facilita la privatización: primero destruyen la sociedad y luego dejan que las
corporaciones la reconstruyan". (31 octubre 2003) Subrayó que los
trabajadores iraquíes tienen que poder formar sindicatos elegidos por ellos
mismos.
Por desgracia, las corporaciones que han
recibido contratos de la administración Bush para trabajar en Irak tienen
antiguos antecedentes de lucha contra los sindicatos y de violación de los
derechos laborales. En mayo, Amy Newell, coordinadora nacional de
Trabajadores de EE.UU. Contra la Guerra [USLAW, por sus siglas en inglés], y ex
secretaria ejecutiva del Consejo Central Laboral de Monterey/Santa Cruz, fue a
Ginebra a presentar un informe a los organismos internacionales del trabajo,
subrayando el historial de 18 de esas corporaciones.
USLAW es una red de sindicatos y otras organizaciones laborales opuestos a la
política de EE.UU. en Irak. La organización acusa al gobierno de EE.UU. de pagar
por un presupuesto militar inflado con severos recortes en los programas
sociales interiores. Creció de las numerosas manifestaciones anteriores a la
invasión del 20 de marzo, cuando sindicatos que representan a casi un tercio de
todos los trabajadores organizados de EE.UU. se habían declarado contra la
guerra. Entonces incluso la propia AFL-CIO se había opuesto en público a la
política de Irak de la administración Bush.
Las compañías mencionadas en el informe presentado en Ginebra incluyen a:
· Stevedoring Services of America, [SSA]. SSA lideró los esfuerzos de los
operadores portuarios de la costa del Pacífico por declarar un lockout contra
los estibadores de la costa oeste, y trabajó con la administración Bush para
amenazar a la International Longshore and Warehouse Union [ILWU] con la
ruptura de su acuerdo para la costa y con el ingreso de la tropa a los
muelles. El portavoz de la ILWU, Steve Stallone, calificó a SSA de
"ideológicamente contraria a los sindicatos y a la ILWU."
· MCI Worldcom. Worldcom tiene un prolongado historial de oposición a los
intentos de los trabajadores de organizarse. Se declaró en bancarrota en 2002
después de pretender fraudulentamente haber hecho 11.000 millones de dólares
en beneficios. Como resultado, los ahorros de los fondos de pensión de miles
de trabajadores fueron totalmente eliminados, junto con 2.600 millones de
dólares en fondos de pensión pública. El contrato en Irak le fue otorgado
después que la compañía fue multada 500 millones de dólares por la SEC
([siglas en inglés del organismo de supervisión del mercado de valores en
Estados Unidos] por su fraude ilegal.
· Ocho de las dieciocho compañías con los principales contratos no tienen
sindicatos. Casi todas tienen un historial de lucha contra todo esfuerzo de
organización sindical.
El informe de USLAW también se refiere a los antecedentes de
irresponsabilidad social de las corporaciones en cuestión. Encontró una
prolongada historia de corrupción y soborno corporativo
(Halliburton Corp.,
que sigue pagando un millón de dólares al año a su ex director Dick Cheney), de
organización de ejércitos de mercenarios ((Dyncorp/Computer Sciences Corp.), y
de años de cooperación con gobiernos represivos, desde el propio gobierno de
Husein (de nuevo Halliburton, y Bechtel Corp. de San Francisco) hasta el antiguo
régimen del apartheid en África del Sur (Fluor Corp.)
"Antes de que el régimen de Husein lo suprimiera, Irak tenía un movimiento
sindical robusto y ampliamente representativo", concluye el informe. [El
gobierno anterior a Husein fue derrocado en 1956 en un golpe, parte de la guerra
fría, organizado por la Agencia Central de Inteligencia, redacción] "Su legado
asegura el semillero para el reestablecimiento de un movimiento sindical
independiente con los derechos internacionalmente reconocidos de organización,
negociación y huelga de los trabajadores. No obstante,
las potencias ocupantes han invitado a
Irak a corporaciones privadas con antecedentes establecidos de violaciones de
los derechos sindicales, ecológicos y humanos. Esas corporaciones fueron
elegidas por la administración Bush, que es considerada por muchos como la
administración más enemiga de los trabajadores, de los sindicatos, en la
historia moderna de EE.UU. Esto no promete nada bueno para el respeto de
los derechos de los trabajadores en Irak".
Si el arresto el mes pasado de Madi y de los trabajadores desocupados constituye
un indicio, esa preocupación es justificada.
25 de agosto de 2003
David Bacon es reportero y fotógrafo, especializado en temas sindicales. Su
correo es: dbacon@igc.org
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