El Parlamento Europeo ha dictado una Resolución sobre el mobbing en el lugar de trabajo (2001/2339) en la que, entre otras cosas, recomienda a los Estados miembros que obliguen a las empresas y a los poderes públicos, así como a los interlocutores sociales, a poner en práctica políticas de prevención eficaces.

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6 agosto 2003

Son dos problemas del ámbito laboral reconocidos en la actualidad y que generan grandes costes sociales y, sobre todo, empresariales ya que es donde se sufre absentismo, accidentes y bajas.

El estrés laboral es uno de los principales riesgos derivados del trabajo. De hecho, entre el 50% y el 60% del absentismo laboral está relacionado con el estrés, según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo 2002 que realizó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el coste de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo representa el 3% del PIB de la Unión Europea. Sin embargo, ningún país miembro tiene el estrés en su lista de enfermedades profesionales. Pero hay países como Italia y Reino Unido que aceptan pruebas que lleva a su reconocimiento ante los tribunales.

Además, el 15% de la población activa española (cerca de 2 millones de trabajadores) padece mobbing, según se desprende de un estudio sobre "Violencia en el entorno laboral" facilitado por la Universidad de Alcalá de Henares (2002). El acoso moral tiene un coste personal, económico y social, ya que la persona que lo padece necesita ayuda psicológica y es la sociedad quien paga los costes del problema, mientras que las empresas sufren absentismo, accidentes y bajas laborales.

En este sentido, el Parlamento Europeo ha dictado una Resolución sobre el mobbing en el lugar de trabajo (2001/2339) en la que, entre otras cosas, recomienda a los Estados miembros que obliguen a las empresas y a los poderes públicos, así como a los interlocutores sociales, a poner en práctica políticas de prevención eficaces. Así, ante este problema, sindicatos como UGT han propuesto revisar la legislación existente e introducir medidas legislativas específicas para luchar contra el acoso moral y piden a las empresas que hagan una evaluación de riesgos para evitar y prevenir todas las condiciones psicosociales desfavorables para los trabajadores. Asimismo, también exigen al Gobierno que obligue a las empresas y a los poderes públicos a poner en práctica políticas de prevención eficaces y que se les prohíba sancionar o despedir a un asalariado que haya denunciado el acoso sufrido.