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Un informe de expertos
independientes alerta contra las leyes restrictivas con la inmigración
CARLOS YÁRNOZ - Bruselas
EL PAÍS | Internacional - 06-05-2003
Los derechos fundamentales en los países de la
Unión Europea (UE) han sufrido durante el año pasado un retroceso en favor
de la seguridad. Ésta es una de las consecuencias tras los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, según
concluye un estudio elaborado por expertos independientes de los Quince.
Las condiciones de detención, la
confidencialidad sobre datos privados, la libertad de expresión y las leyes
restrictivas con los
inmigrantes son algunos de los aspectos más preocupantes reflejados en el
informe.
"La mayoría de los Estados están elevando los niveles de la seguridad en
detrimento de los derechos fundamentales" de los ciudadanos, afirmó ayer en
Bruselas la portuguesa María José Rocha de Gouveia, de la Dirección General
de Justicia e Interior de la Comisión Europea, al referirse al documento.
El informe incluye un capítulo específico de 55 páginas relativo a las
iniciativas legales que muchos países europeos han lanzado para hacer frente
a "la amenaza terrorista" y que a veces "se traducen en
intromisiones en la vida privada o
en el secreto de las comunicaciones". Cita al respecto "restricciones
al derecho a la defensa" (por ejemplo, con testimonios anónimos), la
infiltración de agentes "con el riesgo de provocación que eso entraña" o
"las formas excepcionales de
detención", extremo en el que destaca sobre todo la nueva legislación
británica.
Especial referencia hace el informe a los proyectos entre la Unión Europea y
Estados Unidos para luchar contra el terrorismo. "El refuerzo de esta
colaboración puede poner en peligro la protección de derechos fundamentales"
porque esa protección en Estados Unidos "se sitúa a un nivel inferior a los
existentes en la UE". Se refiere
concretamente al intercambio de datos personales y las extradiciones, cuando
la protección sobre datos privados en Estados Unidos es muy inferior a la
europea y en ese país existe la pena de muerte y se aplica en numerosos
Estados.
El documento también destaca "el
importante riesgo de discriminación" que entraña una iniciativa española
para que, en el seno de la Unión, exista "un formulario tipo" en el que sean
incluidas personas y organizaciones susceptibles de cometer actos
terroristas "antes de la ejecución de una acción terrorista".
El perfil de esas personas tendrá en
cuenta, dice el documento, "la nacionalidad, la edad, la educación, el lugar
de nacimiento, las características psicosociológicas o la situación
familiar".
Países como Bélgica, Austria o
Alemania, señalan los autores del documento, han ampliado los poderes de los
servicios secretos para tener acceso a las comunicaciones privadas o a los
datos bancarios de sospechosos, mientras
en el Reino Unido una nueva ley
permite al ministro del Interior detener a extranjeros sospechosos de
relación con el terrorismo o de constituir un peligro para la seguridad
nacional sin que medie intervención judicial alguna, algo que también ha
ocurrido en Suecia.
Infracciones políticas
En Alemania, la nueva legislación
permite no renovar el permiso de residencia a extranjeros que cometan
"infracciones políticas" y en
Dinamarca una nueva ley permite la expulsión de cualquier extranjero que
haya cometido un delito.
En Grecia, en 2002 sólo se aceptaron un 0,4% de las miles de demandas de
asilo presentadas, cuando antes el porcentaje rondaba el 10% anual.
En la parte general del informe, al margen de las iniciativas
antiterroristas, el documento denuncia "el dato degradante" que supone la
superpoblación penitenciaria, como ocurre en España y Reino Unido; el "nuevo
esclavismo" ejercido en la inmigración o en la prostitución; el
abuso que se produce en la difusión
por toda Europa de "listas negras" de deudores o malos arrendatarios de
viviendas, o "el peligro potencial" de la
falta de pluralismo informativo en
Italia (en alusión a las
empresas de Berlusconi), junto a la
persecución de periodistas en Reino Unido, Luxemburgo y Bélgica por no
desvelar sus fuentes.
Entre las referencias a España,
figura la posibilidad legal de mantener incomunicados cinco días a detenidos
por terrorismo, un extremo que puede originar casos de tortura que,
si son denunciados, deben ser objeto de una investigación "rápida, eficaz e
imparcial".
También indica que algunas órdenes judiciales de
escuchas telefónicas en España
"podrían tener una base legal insuficiente", o que, según una auditoría
independiente, el 45% de las
empresas españolas controla el uso de Internet de sus trabajadores y, el
24%, sus correos electrónicos sin que esté delante un delegado sindical.
La catedrática Teresa Freixes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que
ha sido la representante de España en la elaboración del documento, también
puso ayer de relieve el deterioro que se está produciendo en Europa en las
políticas sociales: protección a menores, derechos de los hijos de
inmigrantes o prestaciones a los trabajadores. |