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La
democracia de partidos, presa del poder económico
La
financiación de los partidos políticos en España alimenta todo un entramado de
corrupción, como señala un informe del Tribunal de Cuentas.
Fuente:
www.attacmadrid.org
5
octubre 2003
La banca ha condonado en tres años
(1997-99) deudas a los partidos políticos por importe de 19,1 millones de euros
y ha tolerado impago de créditos ya vencidos (26 millones de euros sólo en
1999). La banca ejerce un control férreo sobre los partidos políticos, de tal
forma que si estos ejercieran algún tipo de actividad contra sus intereses
podrían ejecutar la deuda.. La banca nunca ha considerado la deuda de los
partidos políticos como pérdidas sino como una inversión negociada.
Sin hacer la historia financiera-política de la democracia en España, muy
interesante en este sentido, podemos concluir la evidente adulteración de la
democracia española...
El Tribunal de Cuentas, con el retraso que le es propio denuncia en sus tres
últimos informes este trato corruptor con las formaciones políticas. Pero lo
más vergonzoso del asunto es que el creciente endeudamiento y morosidad de los
partidos se produjo a pesar de recibir en esos tres años 448 millones de euros
en subvenciones públicas.
El Tribunal de Cuentas señala tres anomalías fundamentalmente. La primera y más
general es la opacidad y el caos que envuelve las operaciones financieras de los
partidos. Pero a pesar de esta dificultad el Tribunal ha podido señalar dos más
excepcionalmente graves. Por un lado la existencia de operaciones que no han
sido objeto de amortización en los plazos previstos. Esto significa que
pólizas millonarias ya vencidas duermen en un cajón sin que el partido la abone
ni renegocie su pago. Pero no hay compromiso expreso para su perdón. Así en
1999 esta partida supuso 26 millones de euros. Con ello la banca ejerce un
control férreo sobre los partidos políticos, de tal forma que si estos
ejercieran algún tipo de actividad contra sus intereses podrían ejecutar la
deuda. ¿Qué partido político en España va a cuestionar los inmorales beneficios
bancarios?. ¿Qué partido político va a cuestionar el blanqueo de dinero que
hacen los bancos en paraísos fiscales?.
Lógicamente no podemos esperar que la derecha política lo haga, pero ¿qué
partido de izquierdas se puede llamar de esa manera estando hipotecado a la
banca?....NINGUNO. Podemos hablar del “Partido Socialista Bancario Español”
(Sector Polanquista) o podemos hablar de “Izquierda hipotecaria Unida” (Sector
Botín). ¿A quién van a defender los partidos políticos? ¿Al pueblo o a Botín?.
Pero por otro lado existe una fórmula extrema de favor bancario que consiste en
la condonación de parte de la deuda como consecuencia de acuerdos expresos o
tácitos de renegociación de operaciones de crédito.
Tal regalo supuso 9,8 millones de euros en 1997; 6,9 en 1998 y 2,3 millones en
1999. Esta condonación supone una violación expresa de la ley 3/87 de
financiación de partidos. Señalemos algunos significativos
ejemplos. En 1999 el PNV vio borrada de un plumazo una deuda de 921.687 euros de
capital y 608.433 de intereses. Eusko Alkartasuna se libró del pago de 843.373
euros de intereses. En 1998 al PSOE le perdonaron 5,8 millones de euros. Pero
lo bueno del asunto es que de los 6,9 millones de euros perdonados en 1999, 6,8
eran sólo de intereses, lo cual significa que la banca sigue manteniendo la
deuda del capital y por tanto no suelta de sus fauces a los partidos políticos.
Pero incluso aquellas formaciones que no tienen el favor bancario directo, según
el informe del Tribunal de Cuentas, presentan un creciente endeudamiento. En
1999 el PP debía 15,7 millones de euros, más del doble que en su ejercicio
anterior (6,2 millones). CiU alcanzaba en 1999 una deuda de 4,1 millones frente
a los 293.000 del año anterior. El BNG duplicó su deuda entre 1998 y 99 pasando
de 457.000 euros a más de
un millón. El PCE disminuye su deuda en medio millón de euros entre 1998 y 99
pero el Tribunal de Cuentas afirma que esa regularización de la deuda con las
entidades acreedoras no es porque se haya pagado sino porque ha transcurrido el
tiempo y el acreedor no ha reclamado el pago, además está regularización carece
de la documentación que la acredite
(¿Será el Oro de Moscú que esta regresando a España poco a poco?)
La banca nunca ha considerado la deuda de los partidos políticos como
pérdidas sino como una inversión negociada. Sin hacer la historia
financiera-política de la democracia en España, muy interesante en este
sentido, podemos concluir la evidente adulteración de la democracia española:
1. Los partidos políticos son aparatos burocráticos, de personas que viven de
la política y no para la política como servicio al bien del pueblo. Es
fundamental el acceso al poder y conservarlo ya que las prebendas aumentan
considerablemente.
2. Carecen de ideal y militancia que los sostenga, por ello siempre van a
depender o de las subvenciones estatales que se autoconceden o de las
subvenciones bancarias.
3. Esto convierte a los partidos políticos, de todo el espectro, en sujetos
serviles y dependientes de los poderes financieros y mediáticos, estrechamente
vinculados.
4. Los mecanismos legales, fiscales y judiciales para el control financiero
de los partidos políticos están totalmente anulados en la práctica, por lo que
se puede afirmar la existencia de un estado de corrupción consentida
generalizada. ley de Financiación no desarrollada, Tribunal de Cuentas
trabajando con tres o más años de retraso... etc.
5. La retórica democrática de los partidos es falsa por ello es necesario
plantearse generar una opinión pública verdaderamente democrática donde el
pueblo realmente protagonice y gestione su vida personal y colectiva.
Ovidio Arroyo - Boletín Autogestión
http://meg.vosn.net/mailman/listinfo/losmotivados_motivados.org
Ovidio Arroyo
INFORME SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA
POLÍTICA
El Tribunal de Cuentas dice que la banca oculta deudas de los partidos
• Las fuerzas hurtan del control los ingresos de sus grupos municipales
www.elperiodico.com
7 oct 2003
EL PERIÓDICO
MADRID
La falta de colaboración de algunos bancos y la imposibilidad de controlar la
cada vez más alta financiación proveniente de ayuntamientos y parlamentos
autonómos son las principales deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas
en la contabilidad de los partidos correspondiente al año 2001.
La financiación pública recibida ese ejercicio por los partidos para gastos
ordinarios alcanzó la cifra de 149,6 millones de euros, a los que se añaden los
16,1 millones de euros correspondientes a las subvenciones electorales.
ENDEUDAMIENTO
La falta de colaboración de las entidades de crédito queda reflejada en el dato
de que, en el ejercicio del 2000, fueron 26 de ellas las que no atendieron
alguna de las peticiones formuladas por los partidos políticos a instancias del
órgano fiscalizador, lo que impidió confirmar operaciones de endeudamiento por
valor de 16,4 millones de euros.
El hecho de que los partidos no incorporen a su contabilidad la actividad de las
organizaciones locales y la de los grupos políticos en las corporaciones locales
sigue siendo la principal queja que plantea en su informe anual el Tribunal de
Cuentas.
Ya en el año 2000, más de una cuarta parte de las subvenciones públicas para el
funcionamiento ordinario de los partidos no pudo ser controlada por el tribunal
al haber sido obtenida a través de la actividad municipal de los grupos
políticos.
La razón de que no declaren estas partidas en su contabilidad radica en que son
partidas que no están previstas en la ley de financiación de los partidos
políticos de 1987, lo que las deja fuera del control efectivo del Tribunal de
Cuentas.
En cuanto a las aportaciones privadas, han respetado en general la ley de 1987,
con las salvedades --que se reiteran en los informes anuales-- relativas a
aquellas donaciones anónimas que, al no estar identificado el titular, no se
puede saber si cumplían o no los límites que prevé la legislación.
POLITICA ESPAÑOLA | FISCALIZACION DE LOS PARTIDOS
El PSOE y el PSC deben más de 20 millones de euros en
créditos impagados
El dinero negro de la política
LA CLAVE, 21 febrero 2003
número 97
El Tribunal de Cuentas reconoce las dificultades que tiene para
fiscalizar con trasparencia los presupuestos de las formaciones políticas.
Más de 23 millones de euros en bonos, aportaciones anónimas e ingresos
por actos que escapan al control de la ley de financiación de partidos
Deudas multimillonarias que los bancos no reclaman, fondos
opacos, innumerables irregularidades en sus contabilidades, participación en
empresas mercantiles y financiación irregular son algunas de las numerosas
anomalías que el Tribunal de Cuentas denuncia cada ejercicio en sus informes de
fiscalización de los partidos políticos. Año tras año, estas denuncias
caen en saco roto, pese a las mociones que aprueba el Parlamento
proponiendo reformar la ley de financiación de los partidos políticos de 1987.
Sólo entre 1995 y 1999, último ejercicio fiscalizado por el Tribunal
de Cuentas, cuatro partidos politicos han recibido 23.704.030 euros en “fondos
opacos”. Según estos informes, el PNV recibió en esos cinco años a
través de aportaciones un total de 6.854.883 euros; CDC, 6.160.000 euros; UDC,
5.951.318 euros; y el PP, 4.737.839 euros. Son aportaciones que se
ingresan a través de bonos, recaudaciones en actos y jornadas o donativos
anónimos y que no pueden ser controladas por nadie.
El problema radica en que los bonos son donaciones que se realizan
directamente en las oficinas de una entidad bancaria a través de tickets cuyo
valor oscila entre los 30 y los 150 euros. Nada impide que una misma
persona o empresa pueda comprar miles de ellos sin que el Tribunal de Cuentas
tenga forma de descubrir su identidad ni comprobar que se cumple la ley que
limita las aportaciones procedentes de una misma persona fisica o jurídica a un
máximo de 60.241 euros en un mismo ejercicio.
Durante todos estos años, los informes del Tribunal de
Cuentas siempre señalan lo mismo: “Dada la naturaleza anónima de esas
aportaciones no se ha podido comprobar el cumplimiento del límite legal
establecido para las aportaciones privadas”.
Un capítulo aparte merecen las donaciones anónimas, imposibles de
controlar y mucho menos comprobar que cumplen la legislación vigente, que
prohibe taxativamente que la cuantía total de las recibidas en un ejercicio
económico anual sobrepase el 5 por 100 de la cantidad asignada en los
Presupuestos Generales del Estado en ese ejercicio para atender la subvención
pública a los partidos políticos.
Lo mismo sucede con los ingresos que los partidos politicos
obtienen de su recaudación en los actos y jornadas que celebran. “De estos
ingresos únicamente se han podido comprobar los correspondientes abonos en los
extractos de cuentas bancarias, no existiendo ningún otro soporte documental que
acredite la naturaleza de los mismos”, dice todos los años el Tribunal de
Cuentas.
No obstante, tanto desde CiU como del PP se justifican estos
“sistemas alternativos de financiación alegal”, y recuerdan que la legislación
vigente no los prohibe de manera expresa. Así, por ejemplo, el portavoz
catalán en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Jordi Martí, recuerda que
son una práctica que, en Cataluña, se remonta a la restauración de la
Democracia, cuando todavía ni siquiera se había legislado sobre la financiación
de los partidos.
Según Jordi Martí, “en ningún caso la financiación que hayan podido recibir
mi fuerza politica y otras fuerzas políticas del espectro parlamentario catalán
tienen nada que ver con delitos o
con financiación irregular o ilícita. En todo caso, tal como dice el Tribunal de
Cuentas, puede ser declarada como financiación alegal, pero creo que no estamos
incurriendo en ningún tipo de
delito ni de irregularidad manifiesta, por el hecho de obtener fondos a través
de esos bonos anónimos”.
No obstante, el parlamentario de CiU afirma: “En el momento en que la nueva
ley prohíba esa fórmula, todos los partidos dejaremos este sistema de
financiación dirigido no sólo a la militancia y simpatizantes, sino también a
quienes desean colaborar con nuestras formaciones”.
Pero para el PP, estos “fondos opacos” de los que también se
beneficia, no son nada si se comparan con la situación que atraviesa el PSOE,
con créditos impagados y vencidos por importe de 6.765.060 euros, o su partido
hermano, el Partido Socialista de Cataluña, con préstamos por valor de 14,18
millones de euros, que “están vencidos, que no amortizan, que no pagan intereses
y que ni siquiera contabilizan en sus cuentas”.
Deuda de Filesa
Para la portavoz del PP en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas,
María Jesús Ruíz, está multimillonaria deuda procede de Filesa, es decir, del
mecanismo que idearon los socialistas para financiarse ilegalmente y que les
permitió endeudarse muchísimo sin temor a hacer frente a los pagos hasta que se
descubrió e1 sistema de corrupción.
Ahora, el problema, es que acumulan una deuda muy elevada que no pueden
afrontar. De momento, el principal partido de la oposición aguarda, quizás, como
sospecha María Jesús Ruíz.
a la espera de que prescriba.
“Por lo tanto, supondría claramente un caso de financiación alegal.
Lo que es raro es que el banco no le envíe una carta al PSOE pidiéndole que
devuelvan el crédito. Me da miedo que estén esperando a que prescriba la deuda
porque sería un modo como otro cualquiera de condonarla, aunque de manera más
limpia. No hay ningún partido político que tenga créditos vencidos
desde hace nueve años y no se haga nada”, afirma indignada.
Por ello, el PP sospecha que los socialistas pretenden que estos créditos
multimillonarios prescriban, ante la imposibilidad de que los bancos o cajas se
la perdonen, o que se modifique la ley para que los socialistas tengan alguna
posibilidad de salir airosos de esta situación.
Y en esta misma línea, la portavoz popular antepone el recurso a estos
fondos opacos” con los que se financia su formación a las operaciones y
mecanismos ideados por otros partidos políticos —caso del PSOE, PNV y EA— para
recabar fondos. Estas fuerzas llegan a usar dinero de las partidas que
les asignan los Presupuestos Generales del Estado, para participar en sociedades
mercantiles, comprar medios de comunicación o, como en el caso de los
nacionalistas vascos, crear su propia constructora dedicada a la edificación de
las sedes de su partido. En este caso, el propio Tribunal de Cuentas
reconoce que no puede abordar la fiscalización de los fondos de estas empresas y
mucho menos los recursos que los partidos politicos pueden llegar a obtener
gracias a su actividad mercantil.
Los miedos del PP
Estas acusaciones son para los socialistas simplemente una excusa para los
malos resultados electorales que otorgan al PP algunos sondeos, y un intento de
romper el “consenso constitucional” en torno a la Ley de financiación de
partidos políticos, un elemento clave en el funcionamiento de la estructura
democrática y que estaría siendo utilizado por el PP “como arma arrojadiza”
contra sus adversarios politicos.
Ante esta situación, Joaquim Romeu Martí, del PSOE, insiste en la necesidad
de que el Tribunal Cuentas fiscalice además las fundaciones adscritas al PP, y
máxime cuando el Partido Popular ha optado por refundir todas ellas en la
macrofundación FAES, que presidirá José María Aznar.
“En este caso —explica—— habría que considerar la reciente aprobación de la
Ley de Fundaciones, donde las que dependen de los partidos políticos también
están sujetas a esta normativa, tanto en su estructura como en su
funcionamiento. No obstante, los límites objetivos y la claridad de su
financiación deben ser recogidos en la ley de financiación de partidos para que
no de margen a ninguna irregularidad”.
Pese a todo este cúmulo de irregularidades y anomalías, los partidos
sólo han alcanzado esta semana el acuerdo de instar al Tribunal de Cuentas a que
realice un “estudio exhaustivo” de las operaciones de crédito vencidas e
impagadas, que suponen una “financiación encubierta” al margen de la
legislación.
Además todas las formaciones políticas coinciden en defender la
necesidad de modificar la Ley 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos, y garantizar con un nuevo texto los principios de
transparencia y publicidad. Una ley donde se tengan en cuenta las resoluciones y
recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas para que se suplan las
deficiencias que se han detectado en los últimos quince años y se termine con la
situación de ‘alegalidad’.
Los dirigentes políticos están de acuerdo en que esta nueva ley debería
establecer los límites objetivos en la financiación de los partidos y
coaliciones, concretando el origen, la procedencia y el destino de los fondos.
El único problema es que todos ellos reconocen, aunque en privado, la
imposibilidad de afrontar una reforma de la ley en plena precampaña electoral y
cuando sólo falta algo más de un año para las elecciones generales.
MANUEL BERNARDINO
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